La democracia secuestrada

En su Política, Aristóteles hace un exhaustivo repaso por las formas de gobierno conocidas en su época, llegando a la conclusión de que la mejor de todas es la Monarquía, el gobierno de uno, siempre que ese uno sea el mejor de los ciudadanos, porque si no es así, la Monarquía se corrompe hasta convertirse en una Tiranía, que es el peor de los gobiernos posibles. Tras la Monarquía, viene la Aristocracia, o gobierno de los mejores, que también tiene un alto riesgo de corrupción hasta terminar convirtiéndose en Oligarquía. En tercer lugar vendría la Democracia, el gobierno de todos, que es menos bueno que Monarquía y que Aristocracia porque la calidad de los gobernantes es objetivamente inferior. La Democracia corre sin embargo también riesgo de corromperse hasta convertirse en Demagogia, que en cualquier caso es la más benigna de las formas de corrupción política.

En tiempos de Aristóteles no existían los partidos políticos, por lo que el filósofo macedonio no pudo ocuparse de la forma de corrupción de la Democracia que nos aflige hoy, la Partitocracia, nuestra particular forma de Demagogia (con mucho de Oligarquía y, si mi apuran, hasta su gramito de Tiranía). En procesos como el del Estatuto andaluz, que, como se sabe, culminó patéticamente ayer, la Democracia española muestra su bajísima calidad. La soberanía nacional, que no es otra cosa que la soberanía de los individuos, ha sido literalmente ocupada por estructuras creadas para acceder al Poder y permanecer en él al precio que sea. Los partidos han dejado de ser la forma legítima de canalización de la participación política de los ciudadanos en la gestión de sus problemas, como proclama la Constitución del 78, para convertirse en sectas cerradas que gestionan a su antojo los asuntos públicos entre la indiferencia general de una sociedad acomodada, adormecida, pasiva receptora de los mensajes oficiales, que llegan reproducidos y amplificados por un impresionante aparato de propaganda, controlado en gran medida con dinero público. Regidos por auténticos profesionales de la política, que han hecho de la representación del ciudadano su única forma (muy cómoda y ventajosa, por otro lado) de vida, los partidos que alcanzan el poder generan por doquier (sobre todo, en el ámbito regional y local) redes clientelares, sujetas a múltiples mecanismos de subvención y reproducción, y lealtades inamovibles, ya que vinculadas al disfrute de cargos y prebendas, que los hacen (a los partidos) impenetrables al control real de la ciudadanía y garantizan la perpetuación de su oligarquía dirigente en unos cargos cuya representatividad real tiende a cero.

Todo el entramado se apoya en un sistema electoral de listas cerradas que debilita la relación entre el elector y el elegido hasta hacerla por completo irrelevante, lo que provoca la ausencia real de representatividad democrática. En esta situación, las elites dirigentes de los grandes partidos reparten premios y castigos entre sus militantes antes de cada convocatoria electoral, de modo que sólo los sumisos a la línea oficial tendrán acceso a las listas, luego a los cargos, en una tupida red de intereses que genera una auténtica selección natural negativa, una especie de polpotización de la vida interna de cada partido, que margina a las personalidades más relevantes por incómodas y prefiere la indigencia intelectual y ética de una inmensa tropa de aprovechados y pesebristas, convertidos en auténticas máquinas de repetición de consignas y sujeción de voluntades.

En estas condiciones, y con la excusa del bien público, Chaves y el PSOE andaluz pueden poner en marcha un proyecto como el del Estatuto andaluz, cuya finalidad última no es sino arropar el nuevo proceso constituyente abierto por el PSOE nacional y, a la vez, aumentar el poder de la Junta de Andalucía, y no la autonomía de los ciudadanos, como falazmente se trata de hacer creer, con la garantía absoluta de que su palabra será ley. En una demostración más de la desfachatez de sus designios, Chaves (y la voz de su amo, Luis Pizarro, secretario de organización del partido en la región, o sea el Pepiño andaluz) puede llegar a afirmar que da lo mismo que los ciudadanos no conozcan el Estatuto que tienen que votar (el mismísimo Pizarro se permitió afirmar el viernes por la tarde que ellos calculaban que tal vez el 80% de la población no tenía ni idea de qué iba el Estatuto), porque en el fondo los andaluces intuyen que se trata de una coyuntura histórica y que ante esa coyuntura hay que votar Sí, que es lo que dice el Partido. Tan baja calidad tiene nuestra democracia que este desprecio a la capacidad crítica del ciudadano no encuentra apenas respuesta en una prensa anestesiada y parcial hasta el límite de lo ridículo (Joly esperará cobrar por los servicios prestados). Pero el desprecio va aún más allá. Cuando, ante esta coyuntura histórica casi el 64% de los ciudadanos decide abstenerse, la respuesta de los dirigentes es que quizá los ciudadanos tengan que reflexionar, y que la alta abstención es producto de un exceso de confianza ante la abrumadora aceptación del proceso puesto en marcha. Es necesario ser desvergonzado.

Tan baja es la calidad de nuestra democracia que no hay límites de participación en los refrendos para considerarlos válidos, por lo que, y en espera de lo que pueda decir el Tribunal Constitucional (tan baja es la calidad de nuestra democracia que se suprimió el recurso previo de inconstitucionalidad incluso para las leyes orgánicas sometidas a consulta popular, con lo que se crea un conflicto irresoluble entre voto popular y poder judicial, limitándose gravemente la eficacia de la división y el contrapeso de poderes), el documento sobre el que ayer se pronunció aproximadamente uno de cada tres andaluces se convierte en el marco legislativo de la comunidad. Toma ya.

En estas circunstancias, la lamentable actitud del PP de Javier Arenas se revela en toda su magnitud. Todavía hay quien piensa hoy que Arenas acertó al renunciar a la confrontación, pues una pugna electoral con el PSOE habría aumentado la participación y dado mayor legitimidad al Estatuto. Los que así opinan parecen olvidar que los partidos no deberían existir como máquinas de calcular las posibilidades de acceso al poder, que es lo que hizo Arenas, poco menos que arrastrándose para ver si podía meter la cuchara en las migas que reparte Chaves desde San Telmo. Arenas renunció a explicar las razones que comparte la mayor parte del electorado del PP para negarse a apoyar el proceso de reformas estatutarias abierto desde el Gobierno de la nación. Prefirió huir hacia adelante, refugiándose en una cínica formulación retórica de rancio nacionalismo español, que Chaves recibió con los brazos abiertos, pues le sirve de coartada perfecta para reclamar veinte años más de confianza en su saber omnímodo. Que no se esconda. Javier Arenas, y con él el PP que lo respaldó, en Sevilla y en Madrid, ganándose de camino la desafección de mucha gente que, sin entusiasmo, había elegido su opción electoral como única alternativa real al régimen de Chaves y al zapaterismo rampante, es tan responsable como el Presidente de la Junta del bodrio aprobado ayer. Encima ahora tendrán que soportar (lo hacen de hecho ya) las descalificaciones y los insultos de rigor por su poco entusiasmo estatutófilo. Y mientras los grandes partidos se dedican a estos juegos indignos, nuestra democracia sigue en sus manos, secuestrada.