Constitución

Nosotros el Pueblo de los Estados Unidos, con miras a formar una Unión más perfecta, instaurar la Justicia, asegurar la Tranquilidad interna, proveer para la defensa común, promover el Bienestar general y garantizar las Bendiciones de la Libertad para nosotros mismos y para nuestros Descendientes, ordenamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América.

Ese es todo el preámbulo de la Constitución liberal escrita más antigua del mundo, aún en vigor. Fue redactada por delegados de doce de los trece estados americanos originales en 1787 y tiene sólo siete artículos. El V prevé la reforma del texto a través de las enmiendas, mecanismo que ha sido utilizado siempre con gran prudencia. Las diez primeras enmiendas se aprobaron en 1791 y son una auténtica declaración de derechos. La última, la vigesimoséptima, data de 1992 y se refiere a la remuneración de representantes y senadores. El texto es una simple delimitación de las reglas del juego. Traza la organización de los tres poderes (legislativo, ejecutivo, judicial) y unas normas muy básicas sobre la categoría de ciudadano, las relaciones entre los estados y el deber de todos los representantes de acatar y hacer cumplir la propia Constitución. Entre las enmiendas, aparte de las diez primeras, tiene especial significado la decimotercera, ratificada el 6 de diciembre de 1865 y que abolía la esclavitud. Y hay algunas fallidas, como la decimoctava, que establecía la Ley Seca, aprobada en 1919 y que, una vez reconocido el error de su promulgación, fue derogada por la vigesimoprimera, de 1933.

¿Cómo puede un texto tan antiguo mantenerse aún en vigor? Porque es simple. Recogía lo mejor del pensamiento político europeo del XVIII, el liberal ilustrado, que, en mi opinión, tiene absoluta y plena vigencia. El mecanismo de reforma previsto es flexible y útil. Y no se trata de un documento de partido. Tras el hito de la Constitución de Cádiz, que apenas estuvo en vigor, el gran problema del constitucionalismo español es que los textos han sido siempre documentos partidarios, redactados por un grupo político contra el resto. Hasta la Constitución de 1978, que, con todos sus defectos, tenía la gran virtud de ser producto de un amplísimo consenso. A pesar de la extensa declaración de derechos (que sigue resultando hoy más que suficiente para la convivencia) y de que pone en pie un complejo sistema de organización territorial, la Constitución española de 1978 tiene sólo 169 artículos. El actual estatuto catalán, el de 1979, tiene 57, y el andaluz, el de 1981, 75. Pues bien, de repente, los representantes catalanes redactan más que un nuevo Estatuto, una auténtica Constitución, con 223 artículos, que es casi plagiada por el Parlamento andaluz, hasta en el tamaño, 222 artículos más no sé cuantas disposiciones adicionales y transitorias. Son textos absolutamente delirantes, reglamentistas hasta límites casi stalinianos, retóricos y partidistas, que parecen desear la inauguración de un tiempo nuevo. A lo mejor es que se trata simplemente de eso. Primero fue en las cátedras universitarias posmodernas, pero la abolición de la modernidad ha llegado ya a las normas jurídicas básicas. Por esa razón, como decía por ahí detrás un comunicante anónimo, no se trataría ahora de aplicar el principio de igualdad ante la ley, del que hay que olvidarse, sino el de igualdad mediante la ley. Claro, claro. Es comprensible. Y bien significativo de la puerilidad creciente de nuestra sociedad. Papá Estado y Mamá Nación que se ocupan de que sus hijos no se descarríen.